dilluns, 25 de maig de 2009

Á. Vázquez/Público: "El freno a la justicia universal indigna a los magistrados"

[Imatge extreta del llibre de Juan Kalvellido Pazlestina,
Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo,
BCN, 2009, p. 39]


Les amenaces de B. Netanyahu i de E. Barack, ministre laborista de Defensa israelià, el passat mes de gener davant la decisió d'un jutge de l'Audiència Nacional d'imputar l'exministre de Defensa israelià B. Ben-Eliezer i sis militars d'aquell país per un delicte contra la Humanitat per un atac a Gaza que va produir 14 morts l'any 2002, estan donant els seus fruits.
El passat dia 19 de maig, a l'ombra del debat de mesures urgents per a enfrontar la crisi econòmica al Congrés dels Diputats, es va aprovar una Resolució (la núm. 39) del PP amb els vots a favor del PSOE de modificació de la Llei Orgànica de Procediment Judicial, per la qual es limita sensiblement la capacitat de la Justícia espanyola per aplicar la Jurisdicció Universal.
Copiam aquí l'article de Á. Vázquez al diari Público sobre la postura personal de la majoria dels magistrats de l'Audiència Nacional al respecte. Aquí teniu un enllaç a un il·lustrador article de A. Segura publicat a Rebelión, de títol Los ataques del gobierno israelí contra el juez F. Andreu. Dos concepciones del Estado de Derecho y la lucha contra el terrorismo.
Dimarts, a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, mirarem de presentar per urgència una moció rebutjant aquesta passa endavant del PPSOE limitadora de la Jurisdicció Universal a la carta de les exigències plantejades pels diplomàtics i governants israelians, en la línia de la Proposició no de Llei aprovada per la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de les Illes el passat mes d'abril per iniciativa de M. Àngel Llauger.

El freno a la justicia universal indigna a los magistrados

Los jueces instructores de la Audiencia Nacional consideran que la reforma pactada en el Congreso es "un paso atrás", cuando España era en estos momentos "un referente mundial"

Los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al menos la mayoría, consideran que la reforma pactada por algunos grupos en el Congreso para limitar la jurisdicción universal es "un paso atrás", que hará posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. "España era un referente mundial. Y debería servir de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo", señalaron los consultados.

Pocos de los encargados de investigar en España el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Ruanda, Guatemala o Israel, comparten las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consistentes en que el límite pactado no supondrá un retroceso, sino una mejora. "Para nada va a reducir nuestro compromiso con la Justicia y la libertad", añadió la dirigente socialista en el último consejo de ministros.
Sin embargo, eso precisamente es lo que temen en la Audiencia Nacional, donde se muestran "indignados" como ciudadanos, aunque como jueces aplicarán la ley sea cual sea. Como dijo tras su toma de posesión el flamante presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes: "Los jueces no podemos estar en lucha contra nada: aplicamos la legalidad".

Aún no se sabe con certeza el alcance que tendrá la reforma en las causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los más optimistas consideran que no afectará a ninguna. Otros, que sólo influirá en las relativas a China, en las que se investigan los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano y los seguidores de la corriente Falun Gong, donde no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas.

La que ha provocado la reforma pactada, la abierta contra un ex ministro de Defensa y otros seis responsables militares israelíes por el lanzamiento de una bomba el 22 de julio de 2002, tampoco tiene de momento españoles como víctimas . Pero está previsto que próximamente un español se sume a la querella admitida a trámite por el juez Fernando Andreu.

Incluso los que en la Audiencia consideran que había que limitar la jurisdicción universal, porque entienden que carece de sentido abrir una investigación, con el coste que ello supone, sabiendo que será imposible juzgar a sus presuntos responsables, son críticos con la reforma. Califican de "chapuza" reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechando la modificación de las leyes necesarias para poner en marcha la oficina judicial. Una reforma "oculta", que incumple los trámites previstos para reformar leyes orgánicas, sostienen.

Aunque también hay quien cree que no hacía falta una reforma legislativa, sino haber impuesto algo de sentido común a la hora de admitir a trámite querellas y denuncias.

La reforma pactada limita la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, a varias condiciones. Es decir, "deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles".
Práctica habitual

Añade que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá "cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país", lo que implica que la jurisdicción española para perseguir estos delitos pasa a ser subsidiaria. Hasta ahora podía coincidir con otras investigaciones en otros países, pero era práctica habitual en la Audiencia Nacional preguntar al país en cuestión si existe algún procedimiento abierto. Así lo hizo Eloy Velasco con la querella de Guantánamo y Andreu, con la de Gaza.